En vísperas del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, CEAR-Euskadi quiere visibilizar la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedan las personas refugiadas al ser denegada su solicitud de asilo, poniendo en esta ocasión el foco en aquellas que están empleadas en el momento en el que su expediente es rechazado.

La ley reguladora del derecho de asilo, establece que las peticiones deben ser resueltas en un plazo no superior a los seis meses. Pero la realidad es que muchas personas esperan más de dos años hasta obtener una resolución, tiempo suficiente para reconstruir una vida que, en un instante, puede volver a destruirse.

Patricia Bárcena, directora de CEAR-Euskadi, explica que “lamentablemente, no hablamos de casos aislados. En 2018 fueron rechazadas el 76% de las solicitudes que se resolvieron en ese año. En el momento en el que se les notifica que su solicitud de asilo ha sido denegada, automáticamente pasan a estar en situación administrativa irregular, y este hecho conlleva, entre otras muchas cuestiones, que no tienen permiso para trabajar de un día para otro, con todo lo que ello supone. Tampoco tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo, aunque hayan cotizado lo suficiente para ello.”

Bárcena recuerda que son personas que se marchan de sus países de origen de manera forzada, huyendo de la persecución, los conflictos o la miseria. “Rehacen aquí sus vidas porque cuando llegan tienen que empezar de cero”, y explica que “tras realizar la solicitud de asilo, al cabo de seis meses se les concede la autorización para trabajar, que deben renovarla cada medio año hasta que se resuelve su expediente.”  

Durante la espera, las personas refugiadas aprenden los idiomas locales, se forman y en muchos casos se reciclan, porque no pueden desarrollar las carreras profesionales que tenían en sus países debido a las dificultades que presentan los procesos de homologación de las titulaciones académicas y/o universitarias. Tras pasar todos estos obstáculos y después del tiempo, muchas de ellas consiguen un empleo, aunque muchas veces, menos cualificado del que tenían en su país de origen. Pero en el momento de la denegación, además de quedar en situación administrativa irregular, pierden el empleo de forma inmediata, y vuelven a estar en una situación de extrema vulnerabilidad.

Ante esta realidad, CEAR-Euskadi propone que se garantice el mantenimiento del empleo de todas estas personas, a través de una autorización administrativa para que puedan continuar trabajando.