En el marco de la visita realizada al país sudamericano entre el 14 y el 23 de julio, CEAR-Euskadi ha constatado que a pesar de haber transcurrido más de dos años desde los Acuerdos de Paz, existe un agravamiento de la violencia, las amenazas y los montajes judiciales contra las lideresas y líderes que se dedican a defender la paz en sus territorios. “Esta situación conlleva a que muchas de estas personas se vean abocadas a abandonar de manera forzada sus territorios y sus modos de vida como medida de protección”, destaca Patricia Bárcena, Directora de CEAR-Euskadi. Una violencia que se ejerce especialmente contra lideresas y líderes de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. También contra integrantes de movimientos sociales, quienes son objetos de procesamientos judiciales sin las debidas garantías. Este es el caso del Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP).  También es el caso de las mujeres sindicadas del caso denominado “El Andino”, a quienes la organización tuvo la oportunidad de visitar tras la misión oficial, junto con otras presas políticas, en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá.

Bárcena también muestra su preocupación por la situación que se vive en los territorios, donde “se priorizan los intereses económicos, frente a la protección de las personas”. De hecho, la delegación ha sido testigo de las amenazas dirigidas contra el Consejo Comunitario de La Toma en Suárez (Cauca) para ocupar su territorio y ha constatado los desplazamientos forzados y el impacto socio-ambiental que ha generado el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango.

CEAR-Euskadi insta a las instituciones colombianas a:

  • Implementar mecanismos de prevención y protección colectiva y visibilizar y poner en valor el trabajo de las personas defensoras prestando especial atención en las zonas y colectivos más amenazados.
  • Reconocer los pueblos ancestrales (afrodescendientes e indígenas) y legalizar sus territorios.
  • Ampliar la presencia institucional en las zonas rurales, no solo a través de la seguridad, sino también, y principalmente, mediante el desarrollo social, económico y cultural, con enfoque diferencial.
  • Reforzar el trabajo para generar una auténtica cultura de paz y convivencia en todos los territorios.

Nota: La misión oficial de la Delegación Vasca de Observación de Derechos Humanos se ha desarrollado entre el 14 y el 19 de julio participando en la misma, miembros de Gobierno y Parlamento Vasco y las organizaciones sociales Emigradxs Sin Fronteras, Mugarik Gabe y CEAR-Euskadi (organización encargada de la coordinación del Programa Vasco de Protección Temporal). Durante la visita oficial se ha hecho el seguimiento de 4 defensoras de derechos humanos de diferentes colectivos del país que han participado recientemente en el Programa Vasco de Protección Temporal.

Nota de prensa de la misión oficial

Tras la misión oficial, CEAR-Euskadi junto con las organizaciones Mugarik Gabe y Emigradx Sin Fronteras y los parlamentarios de Elkarrekin Podemos y EH-Bildu, realizaron una visita extraoficial para conocer la situación de las mujeres sindicadas presas por el caso de “El Andino” y a las comunidades cercanas a la hidroeléctrica de Hidroituango para conocer cómo este megaproyecto ha impactado en sus vidas.