Las organizaciones y colectivos abajo firmantes expresamos nuestra SOLIDARIDAD con las y los miembros de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y solicitamos garantías de protección para Víctor Hugo Moreno Mina, ante las amenazas y judicialización de la que es objeto.

Moreno Mina ha sufrido amenazas desde 2014 por liderar acciones de protección del territorio ancestral del pueblo negro del Norte del Cauca para evitar el despojo y la contaminación de la minería mecanizada. Desde entonces viene sufriendo hostigamientos que se han visto agravados tras su participación en la Minga del SurOccidente colombiano por la Defensa de la Vida, la Paz y la Democracia.

El líder social ha sido objeto de panfletos amenazantes, asedios frecuentes y un intento de masacre perpetrado en la finca La Trinidad (vereda Lomitas, zona rural de Santander de Quilichao) en el Norte del Departamento del Cauca, junto a otros 15 líderes y lideresas. Cuenta con un esquema de protección otorgado por la Unidad Nacional de Protección y está en espera de que se investiguen las más de diez denuncias interpuestas por amenazas en su contra, de las que la Fiscalía General de la Nación no ha presentado resultados hasta la fecha.

El pasado 31 de julio –en el marco de los acuerdos de la mesa de derechos humanos, instalada en dicha minga- delegados de las organizaciones gestoras (CRIC, ACONC, CRIHU, CRIDEC, FENSUAGRO, ente otras) se llevó a cabo una reunión con el Vice Fiscal General de la Nación, D. Jaime Camacho, donde este manifestó la apertura de una investigación contra Moreno Mina.

Mediante derecho de petición, el 12 de agosto se solicitó al Fiscal General información sobre la existencia de la denuncia penal, los presuntos delitos que se investigan, el número del expediente, la fase en que se encuentra la investigación y si, en el marco de la misma, se ha procedido a intervenir el teléfono de Moreno Mina.

Moreno Mina participó en la minga como vocero de las comunidades negras del Norte del Cauca, designado por la Asamblea General de ACONC en representación de delegados y autoridades de los consejos comunitarios del Norte del Cauca para exigir el cumplimiento de más de 300 acuerdos incumplidos desde 1986 y exigir la implementación del Plan del Buen Vivir 2015-2035.

La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) ha formado parte del Programa Vasco de Protección Temporal para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 2019. El Programa, gestionado por CEAR-Euskadi, es liderado por la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y cuenta con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Universidades, organizaciones y movimientos sociales, y la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco. En el marco del seguimiento que se realiza a las personas y organizaciones que son acogidas en Euskadi, una delegación vasca tuvo la oportunidad, el pasado julio, de comprobar en terreno los hostigamientos y amenazas sistemáticas que está sufriendo el líder Moreno Mina y el resto de personas que forman parte de ACONC.

Esta organización también ha hecho parte del Programa de Acogida Temporal a personas defensoras de derechos humanos, liderado por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la Fundación Mundubat.

Por todo ello:

DENUNCIAMOS la estrategia de judicialización contra Víctor Hugo Moreno Mina y la criminalización que sufren los líderes y lideresas sociales que trabajan en defensa de la tierra y el territorio del pueblo negro, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas en el Norte del Cauca.

Y SOLICITAMOS al Gobierno colombiano:

• Garantías suficientes y necesarias para prevenir cualquier acción contra la integridad física y psicológica del líder social Víctor Hugo Moreno Mina, defensor de derechos humanos, consejero mayor y representante legal de ACONC.
• Garantizar el respeto a la legítima defensa, la participación y la libertad de Víctor Hugo Moreno Mina y las demás personas que conforman ACONC.
• Evitar la re-victimización, estigmatización y señalamiento estatal contra las comunidades del pueblo negro del Norte del Cauca.
• La implementación de las medidas necesarias que garanticen la vida de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, sus colectivos y comunidades, así como el derecho a la defensa pacífica de sus derechos étnico territoriales.
• El cumplimiento de los acuerdos pactados históricamente con las comunidades étnicas y organizaciones sociales y populares del país, teniendo en cuenta que muchos de ellos dependen de voluntad política.
• La puesta en valor de las comunidades étnicas, las organizaciones sociales y populares y su aporte fundamental en la consecución de la justicia social.
• El respeto y cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados con las FARC-EP, incluido el capítulo étnico, y los acuerdos resultado de la Minga del SurOccidente colombiano por la Defensa de la Vida, la Paz y la Democracia.

FIRMANTES:

• Asociación Colombia – Euskadi
• Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Latinoamericanos (AIETI)
• Asociación Paz con Dignidad
• Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
• Colectivo ANSUR
• Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi)
• Ecologistas en acción
• Ekologistak martxan
• Emigrados sin fronteras
• Front Line Defenders
• Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Universidad del País Vasco)
• Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID)
• Mugarik Gabe
• Mundubat
• Soldepaz Pachakuti

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